Advierten sobre las consecuencias de la importación de maquinaria agrícola usada
La Federación Industrial de Santa Fe expresó su profunda preocupación por las consecuencias económicas, productivas y ambientales que tendría la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola, una medida que el gobierno nacional tiene en estudio tomar y que pondría al borde de la quiebra al sector, uno de los más dinámicos de la provincia.
Consecuencias de eliminar el CIBU
En un comunicado de prensa emitido este martes, la gremial empresaria señaló con énfasis el liderazgo que la provincia de Santa Fe tiene en la producción de maquinaria agrícola, con más de 200 empresas que generan 5 mil empleos directos, particularmente en la región de Las Parejas, Armstrong y Las Rosas.
Además de una cadena de valor que incluye talleres metalmecánicos, proveedores de chapa y pintura, y empresas de tecnología de precisión.
En 2023 – recuerda Fisfe- la industria argentina fabricó más de 600 cosechadoras, 6.000 tractores y 550 pulverizadoras, tanto para el mercado interno como para el resto del mundo
La administración Milei, en su avance desregulatorio sobre toda la arquitectura estatal, tiene trabajando a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de de Economía, Luis Caputo.
Riesgos y desafíos
La derogación de una ley que tiene 30 años que impide la importación de maquinaria agrícola usada con el repetido argumento, nunca verificado en la realidad, que de esa manera van a bajar los precios de la producción local.
La norma protectora fue creada durante la gestión de Domingo Cavallo y establece una serie de mecanismos complejos y restrictivos que involucran al Estado, los empresarios nacionales y los importadores, que evitan el ingreso indiscriminado de maquinaria agrícola desde otros países.
“Permitir la importación de maquinaria usada introduciría una competencia desleal: mientras estos equipos enfrentan un 26,5% en gravámenes, los insumos necesarios para fabricar maquinaria nueva soportan un 47%”.
“Esto no solo perjudicaría a los fabricantes, sino que impactaría toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad”, dice el comunicado de la entidad.
También, advierte Fisfe, sobre los riesgos ambientales que esta medida puede provocar a partir de la propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores y que han causado pérdidas de más de 11 millones de toneladas que provocaron pérdidas de exportaciones por más de 1.600 millones de dólares.
Finalmente, la Federación ratifica el acompañamiento del pedido de las entidades sectoriales CAFMA y AFAT, y solicitan una revisión exhaustiva del análisis que sustenta la posible eliminación del CIBU.
“Evaluando detenidamente sus efectos económicos, productivos y ambientales para la industria local y el sector agroindustrial” e insisten con que “promover la sinergia entre el campo y la industria es esencial para el desarrollo de la economía provincial y nacional”.
